Con Jessica Bravo, la mujer de 28 años asesinada en Elda por su expareja, son ya 44 las víctimas mortales que la violencia machista se ha llevado por delante en este año 2017. Cifra que iguala a la del año anterior.

Cuando se producen hechos tan nefastos y lamentables como éste, es lógico que la gente se cuestione si realmente, el sistema de medidas de protección diseñado para otorgar una seguridad a las víctimas funciona eficientemente, o si, por el contrario, existen lagunas que todavía no se han colmado y que son las que dan causa a episodios como este.

Lo cierto es que, en este tipo de procedimientos, a la víctima, en la mayoría de casos, le supone un gran desafío el decidirse a denunciar a su agresor, dado que el temor que éste pueda causar en ella (por encontrarse amenazada de acabar con su vida si cuenta algo, por ejemplo) es un hándicap que añade aún más motivos para brindar toda la protección que resulte necesaria, aunque existan contradicciones en su testimonio u otros elementos que no reflejen, a priori, coherencia.

Jessica y su asesino llevaban inmersos en una espiral de desestructuración familiar y procedimientos judiciales desde el año 2014, año de nacimiento del hijo que tenían en común. La última denuncia, interpuesta por la víctima a principios de este mes por un delito de amenazas, fue de la que surgieron medidas de protección como una orden de alejamiento de 300 metros, así como una prohibición de comunicación con la misma.

El asesino desoyó el mandato del Juez y encargó a terceras personas comunicarse con ella, ante lo que Jessica denunció de nuevo, siendo arrestado y puesto posteriormente en libertad, dado que no existían amenazas en dichas llamadas, aun a pesar de haber quebrantado la orden de no comunicación. Esa libertad sería el último hito en la consecución de su objetivo, puesto que el mismo día por la tarde, acabó con la vida de la mujer y después se suicidó.

Se iguala la cifra de asesinatos machistas a la del 2016 con 44 víctimas Clic para tuitear

Las medidas de protección no son un mero adorno: funcionan, y en un gran número de casos lo hacen muy bien. Pero es obvio que en ocasiones el sistema falla y el resultado es devastador.

En el caso de Jessica, la propia Generalitat Valenciana ha anunciado que va a revisar de manera exhaustiva todos los protocolos de seguridad para descubrir qué ha podido pasarse por alto y así subsanarse cuanto antes.

En conclusión, los actores políticos y la sociedad en su conjunto deben conseguir que las víctimas de asesinatos machistas, aun teniendo obviamente que lamentarse profundamente, no sean en vano, logrando depurar el sistema establecido y las responsabilidades que correspondan para alcanzar la protección integral de las mismas y reflexionando acerca de la necesidad de un giro de 180 grados en la mentalidad colectiva y la sensibilidad al respecto de una cuestión tal delicada como esta.

Actualización: Lamentando el actualizar esta entrada, comunicamos que a fecha de 27/12/17 la cifra a ascendido a 47 víctimas, siendo esta última víctima de  de la población de Sant Adriá del Besós (Barcelona), a fecha 25 de diciembre. La víctima tenía un hijo menor de edad.