SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (SALA SEGUNDA) DE 19 DE MARZO DE 2020

Ya tenemos la tan esperada Sentencia del TJUE, de 19 de marzo del 2020. Esta sentencia se dicta en los asuntos acumulados C-103/18 y C-429/18, que tiene por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid y el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid.

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 2, párrafo primero, de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 25 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, y de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de dicha Directiva.

Esta sentencia, largamente esperada por el personal temporal al servicio de las Administraciones Públicas de nuestro país, deja a criterio de los órganos jurisdiccionales nacionales valorar y decidir, de acuerdo con el conjunto de normas de su Derecho nacional si, la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas de manera provisional por empleados públicos con relación de servicios de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos en “indefinidos no fijos”, y la concesión de indemnizaciones equivalentes a la abonada en caso de despido improcedente, constituyen medidas adecuadas para prevenir, y en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa disposición.

Por lo que, si no se encuentra una solución a través de la negociación con las administraciones competentes, se deberá acudir a la vía judicial, a fin de reconocer el “abuso de la temporalidad”, así como el incumplimiento de la normativa interna del Estado, por parte de la Administración contratante, con el reconocimiento de los derechos inherentes a los empleados públicos que han visto mermados sus derechos e intereses, tras largos años de relaciones laborales temporales, ya sea con vínculo laboral o administrativo.

Cabe recordar, que la tasa de temporalidad en nuestro país, alcanza la friolera cifra de 26,8% puntos porcentuales, según los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Durante años no se convocan ofertas de empleo público (OPE), las cuales son los únicos mecanismos legales para acceder al empleo público estable, y las que se han convocado, lo han hecho con un muy reducido número de plazas. Motivando que los empleados públicos temporales, permanezcan temporalmente ocupando una plaza, durante décadas, de una manera fraudulenta por causa imputable a la Administración.

Por lo que, una vez más, se deja el peso y la carga sobre el trabajador, de tener que acudir a los órganos jurisdiccionales, para ver reconocidos sus derechos y resarcidos los perjuicios causados.

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Themis

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