Los alquileres han sido y son un negocio jurídico que se emplea con mucha frecuencia, puesto que permiten el acceso a un inmueble (ya sea como vivienda, de temporada, o como local de negocio) de forma rápida y evitando tener que endeudarse más allá del tiempo que se desee permanecer en el mismo.

Una de las figuras que más dudas genera dentro de los arrendamientos es la de la fianza. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la fianza, en términos estrictos, aparece regulada en el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, siendo obligatoria la misma y debiendo ser su importe igual a una mensualidad de renta en el caso de arrendamiento de vivienda, y de dos mensualidades en los casos de arrendamiento distinto de vivienda.

¿Y qué hace el casero con el dinero que le he entregado como fianza?

Cuando se firma el contrato de arrendamiento, el arrendador (es decir, el propietario del inmueble) tiene la obligación legal de depositar la fianza en el organismo creado para ello en cada Comunidad Autónoma. En el caso de la Comunidad Valenciana, las leyes sobre vivienda establecen que el plazo para hacer el depósito será de 15 días hábiles desde la firma del contrato o desde el inicio real del alquiler. En la ciudad de Valencia, debemos acudir preferentemente al Registro General del Instituto Valenciano de Administración Tributaria, situado en la Calle Gregorio Gea, n.º 14 (edificio PROP 1), si bien es posible realizar el trámite en muchos otros organismos. En éste enlace puedes encontrar información sobre el trámite.

El casero me pide más dinero aparte de la fianza por si se rompe algo, ¿es legal?

El dinero que el casero te puede pedir aparte de la fianza legal, se llama garantía complementaria, y es completamente legal, siempre y cuando no se pacte algo contrario a la ley, la moral, o el orden público. Si el arrendador considera que la fianza legal es insuficiente como para garantizar un posible desperfecto o cualquier tipo de incumplimiento del contrato por el inquilino, está en su derecho de proponer esta garantía adicional que, como es obvio, quien alquila el inmueble puede aceptar o no, siendo, por lo tanto, un aspecto a negociar entre ambos.