El 3 de Diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Como bien explica Naciones Unidas en su página web, la discapacidad se manifiesta como “una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o un grupo”, entendiendo como enmarcables dentro de este concepto las deficiencias físicas o psíquicas, así como las discapacidades cognitivas, sensoriales o intelectuales, entre otras. La eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad es algo indispensable para ellos.

No es necesario realizar más que una simple observación del comportamiento social para darse cuenta de que las personas discapacitadas, a pesar de los innegables avances, siguen padeciendo el rechazo y/o la falta de colaboración de un gran sector de la población. La falta de información, sumada a la clásica visión de que se trata de personas ‘diferentes’ que requieren un trato distinto, provoca que en ciertas ocasiones la ciudadanía no sepa bien cómo reaccionar ante las diferentes necesidades que los integrantes de este colectivo demandan.

Como sociedad, debemos ser capaces de emprender dos cosas fundamentales: por un lado, exigir a los poderes públicos una mayor realización de campañas en pro de los derechos de las personas con discapacidad; y, por otro lado, suplir nosotros mismos las carencias que observemos en el sistema, tratando de reclamar el cumplimiento de esos derechos y de emplear los mecanismos de que se disponen para tal fin.

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LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS AVANCES SOCIALES Y LEGALES

Pasando a tratar la vertiente legal de una de las muchas dudas que se plantean en la práctica al respecto de este asunto, la mayoría de nosotros contamos con familiares de edad avanzada que todavía viven en el mismo edificio en el que han residido durante toda su vida y que ahora, con el paso de los años y por diversas razones, se ha convertido en un ‘obstáculo’ para su libre movilidad.

Como sabemos, antiguamente no se disponía de sistemas para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida a los edificios, principalmente por dos razones: primero, porque no se contaba con el conocimiento y las técnicas arquitectónicas con las que se cuentan hoy; y segundo, porque no existía la facilidad económica que hoy tenemos para la eliminación de barreras (como las subvenciones que otorgan los entes públicos, por ejemplo).

A todo ello, hay que sumar que es obvio que la concienciación social acerca de la necesidad de equiparar los derechos de acceso y movilidad de las personas discapacitadas es enormemente mayor en la actualidad, que años atrás.

Así, coincidiendo con esa mayor sensibilidad y concienciación ciudadana acerca de la integración del entorno en cuanto a las personas con movilidad reducida, se realizó en el año 2013 una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, dando un paso de gigante y estableciendo la obligatoriedad de aquellas reformas que aunque sólo la pida un propietario y tengan por objeto garantizar la accesibilidad universal del edificio y cuyo importe anual, una vez descontadas ayudas públicas y subvenciones, no sobrepase las doce mensualidades.

¿Cómo puede ser que un único vecino obligue a todos a hacer lo que él quiere?

Uno de los pilares fundamentales de esta reforma es el carácter inexorable de la petición que se haga por el concreto vecino. Y decimos esto porque para la puesta en marcha de la obra ni tan siquiera se requiere el acuerdo de la Junta de Propietarios. La simple petición fundamentada de un propietario equivaldrá a que automática e inmediatamente se tenga que activar la búsqueda y contratación de los profesionales que habrán de dedicarse a la realización de la obra y a que todos los vecinos hayan de abonar la parte que les corresponda hasta el límite de cuotas señalado.

El legislador ha emprendido la reforma de la Ley teniendo como principal objetivo la protección del colectivo compuesto por la tercera edad y las personas con movilidad reducida, de ahí que la obra se convierta en obligatoria por el mero hecho de pedirlo un propietario inserto en este colectivo.

¿Cuál es ese límite de cuotas que establece la ley?

La Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 10.1.b, establece que tendrán carácter obligatorio este tipo de obras de las que estamos hablando, “siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”.

También añade que “no eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.”

Por lo tanto, la conclusión que podemos extraer es la siguiente: si un vecino con derecho a ello solicita la realización de la obra, el resto de vecinos estarán obligados a pagar, tras haber descontado las subvenciones pertinentes, hasta el límite equivalente a doce derramas de gastos comunes. A partir de ahí, será el vecino que reclama la instalación quien tendrá que sufragar el resto de los costes.

Esta subvención, ¿dónde la tengo que pedir?

El procedimiento para solicitar la ayuda es muy sencillo. Se realiza de forma telemática y disponemos de toda la información en el siguiente enlace: http://www.habitatge.gva.es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ayudas-rehabilitacion-elementos-comunes-de-edificios-de-viviendas.

Ahí encontraremos toda la información relativa al trámite.

Infografía ayudas eliminación de barreras y rehabilitación de ediicios 2017
Infografía ayudas eliminación de barreras y rehabilitación de ediicios 2017. Fuente: http://www.habitatge.gva.es

Si ves que no te aclaras con ello, nosotros podemos ayudarte a tramitar la petición de eliminación de barreras o rehabilitación de tu edificio. Recuerda que puedes llamarnos al 96 064 26 33 o al 640 750 241

¿Cuánto dan de máximo?

La subvención se divide en dos cuantías que oscilan dependiendo de los puntos que se nos hayan baremado en la fase de estudio de las solicitudes:

  • Por una parte, la cantidad que nos puede otorgar el Ministerio de Fomento.
  • Y, por otra parte, la cantidad que nos puede conceder la Conselleria d’Habitatge.

Dado que cada Comunidad de Propietarios requiere de un estudio personalizado y tiene unas características únicas, no es posible establecer una cuantía determinada. A pesar de ello, sí podemos decir que las ayudas que se conceden son de hasta el 35% del coste total si se trata de una rehabilitación que no trae causa en la mejora de la accesibilidad universal, y de hasta el 50% si se trata de obras destinadas a la eliminación de barreras solicitadas por integrantes del colectivo de personas discapacitadas.

¿Qué se considera como obra para la eliminación de barreras?

Para despejar cualquier tipo de duda respecto a la consideración o no de una reforma como necesaria para la mejora de la accesibilidad universal, la Ley establece que tendrán dicha consideración aquellas obras que se pidan por los propietarios de inmuebles en los que vivan personas con discapacidad o mayores de setenta años y que vayan dirigidas a la supresión de elementos arquitectónicos que dificulten el acceso al edificio o el desplazamiento por el interior del mismo.

¿Qué ocurre si se pide y/o se necesita la instalación de un ascensor, pero no cabe en la finca?

Si un vecino con derecho a ello pide la instalación de un ascensor en el edificio, puede ocurrir que, por tratarse de un edificio antiguo, las dimensiones del zaguán y los rellanos sean reducidas y no haya espacio material como para la colocación de la cabina elevadora.

En estos supuestos, y siguiendo con ese espíritu de máximo amparo y protección al colectivo de movilidad reducida, se contemplan dos alternativas:

  • En primer lugar, la posibilidad de llegar incluso a expropiar los metros que sean necesarios sobre los elementos privativos de los propietarios integrantes del edificio. Es decir, la Comunidad tiene la potestad de ‘arrebatar’ a cada vecino los metros que se consideren necesarios para la realización del hueco y la instalación del ascensor (siempre y cuando ello no signifique infligir un daño irreversible a las viviendas sometidas a la expropiación y a su destino principal).
  • En segundo lugar, y como última alternativa, se puede reclamar a la Administración Pública la cesión de una parte de la vía pública para instalar el aparato por la fachada del edificio. Para ello, es necesario que la Comunidad encargue a un Arquitecto la elaboración de un informe en el que se certifique la imposibilidad física de acometer la obra por dentro del edificio. Si se prueba tal circunstancia, el Ayuntamiento debe ceder los metros cuadrados que sean necesarios para la colocación del elevador. Esto se recoge en el artículo 10.3 de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
ascensor externo ya que por falta de espacio no cabe dentro del zaguán del edificio.
Ascensor externo ya que por falta de espacio no cabe dentro del zaguán del edificio.

Por tanto y para finalizar, debemos hacer hincapié en la necesidad de proteger y hacer valer los derechos de las personas con discapacidad, teniendo siempre en cuenta que si alguien incluido en el colectivo reclama la construcción de algún elemento que facilite la movilidad y contribuya a la eliminación de barreras arquitectónicas que puedan existir en el edificio, todos los vecinos están obligados a pagar hasta el límite de doce cuotas, con independencia de que el propietario que lo haya pedido se haga cargo del resto de costes.